Publicado originalmente en Reflexiones Ciudadanas, agosto 2015
En el pasado número hablé del Sistema Nacional Anticorrupción y en esta ocasión me parece pertinente revisar el concepto de corrupción. Es central tener claridad sobre lo que estamos hablando, sobre todo en un tema de tanta relevancia para la vida de cada uno de nosotros.
Hace algunos años tuve la fortuna de participar, con un grupo de muy alto nivel, en el estudio del fenómeno de la corrupción entre el sector privado y el gobierno.En ese entonces, el costo de la corrupción en esta relación alcanzaba, según cálculos propios, el 5% del PIB. Si esto se mantuviera, y la información que tenemos sobre la evolución de la percepción de corrupción es que la situación no ha mejorado, estamos hablando que la corrupción empresa-gobierno le cuesta al país alrededor de 65 mil millones de dólares al año. Desde mi perspectiva, este es un factor muy relevante que explica porque el nivel de productividad del país es el más bajo de la OECD (60% debajo del promedio de los miembros). Pueden revisar el informe completo en este documento.
Entonces, ¿qué es la corrupción? En el estudio que mencioné antes, construimos nuestra definición: Transacción clandestina entre un funcionario público y un actor de la sociedad civil o del sector privado, en la que ambos actúan en contrariedad a las responsabilidades formalmente adquiridas y que involucra un intercambio económico impropio en dinero o en especie.
Así mismo, distinguimos entre dos tipos de transacciones:
Captura del Estado: Pagos extraoficiales realizados por el sector privado a legisladores o políticos del ejecutivo con el fin de influir en la definición de las “reglas del juego” de acuerdo a sus propios intereses.
Burocrático - administrativa: Pagos extraoficiales de las empresas a funcionarios públicos con el fin de distorsionar la implantación prescrita de las leyes, políticas y regulaciones.
Desde este punto de vista, lo que se ha corrompido es la relación. Ya no se hace lo que se debe hacer, sino lo que conviene a las partes independientemente del marco legal que, por tanto, se vuelve inoperante. Entonces, la corrupción es un estado de cosas en el que las relaciones, en uno o varios ámbitos, están corrompidas.
Si aceptamos este planteamiento, de inmediato podemos cuestionar la metáfora que se ha utilizado desde hace largo tiempo: el combate. De acuerdo al Diccionario de la RAE, un combate es “una pelea entre personas o animales”, “una acción bélica” o “una batalla interior del ánimo.”
La pregunta que les comparto es: ¿tiene sentido luchar contra algunas de conductas de nuestra forma de vivir? Si combatimos la corrupción, la cosificamos; es decir, reducimos a la condición de cosa algo que no lo es. Creo que esta es la razón por la que los esfuerzos no prosperan. Veamos el portal dedicado al programa anticorrupción del Gobierno Federal. Ahí aparece el título “Combate a la Corrupción” y en seguida viene la definición que se ha adoptado. Textualmente dice: Consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca. Lo primero que salta a la vista es que en esta definición es que, intencionalmente o no, no aparece especificado el sujeto del citado abuso de poder. Por tanto, lo que se combate es el abuso de poder pero no dice de quién. Más adelante, en las definiciones particulares, sucede algo por demás curioso. Cuando define Corrupción a gran escala, menciona “líderes”-un quién muy ambiguo. En cambio, al definir los Actos de corrupción menores, habla específicamente de “funcionarios públicos de bajo y mediano rango.” Ahora sí, más específico. Vuelve a la ambigüedad cuando define la Corrupción política. Menciona a “los responsables de las decisiones políticas.” Tal vez por eso nunca aparecen los antes llamados “peces gordos”, solo aparecen como culpables funcionarios públicos de bajo y mediano rango. Según entiendo, los llamados peces gordos no firman.
Si es lenguaje no es inocente, entonces, ¿cuál es el mensaje real? Mi conclusión es que combatimos una cosa que no lo es y, en el enfoque oficial, diluimos la responsabilidad personal de, tanto funcionarios públicos de todos los niveles, como de ciudadanos que participan, con igual nivel de responsabilidad en el proceso de corromper la relación.
No enfrentamos a una forma de vivir que queremos cambiar con la violencia de un combate.
Los invito a reflexionar sobre estas ideas y compartir sus opiniones. No perdamos de vista que, en el fondo, hablamos de productividad, de competitividad y de nuestra posición en el mundo (Ver Global Economic Crime Survey, Bribery and Corruption (OECD), entre otros.).
El reto es enorme, así que en el próximo número haré un planteamiento sobre cómo abordar el fenómeno.